Con total preocupación por el destino de nuestras colegas trabajadoras sexuales y en aras de acompañar y apoyar al movimiento de defensa de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, manifestamos nuestro rechazo total contra la posible promulgación de la llamada: Ley Antitrata que pretende hacer aprobar por parte del legislativo el partido político PSOE en España.
El STRASS (Sindicato de trabajo sexual en Francia) fue creado desde el año 2009 y lucha por el reconocimiento del trabajo sexual como una profesión y para que nuestras personas colegas sean reconocidas como parte de la clase trabajadora francesa. Conocemos de primera mano las implicaciones negativas de la jurisprudencia abolicionista contra el trabajo sexual, la cual fue implantada en nuestro país desde el ano 2016, cuando la Asamblea Nacional decidió adoptar el modelo nórdico que responsabiliza penalmente a nuestros clientes y clientas por el mero hecho de comprar servicios sexuales, asimilando así, al trabajo sexual como esclavitud sexual y trata de personas. Lo peor: no solamente se condena a quienes contratan nuestros servicios sino también a nuestras redes de apoyo y a las colegas que ofrezcan servicios como acompañamiento o alquiler de espacios para ejercer nuestro trabajo. Esto es, si una colega nos alquila una plaza para trabajar o nos presta un servicio de recepción de llamadas telefónicas para agendar citas con clientes, es considerada como proxeneta y judicializada por este supuesto delito. Antes de la implementación de esta ley en Francia, las personas que ejercían trabajo sexual eran consideradas como criminales y eran judicializadas por el delito de abordaje de clientes. Para la ley francesa de un momento a otro las putas pasaron de ser consideradas como criminales a víctimas de un supuesto sistema prostitucional, dejando en el limbo nuestra lucha para ser reconocidas como personas trabajadoras, libres, autónomas y con capacidad de decisión en relación con nuestro cuerpo y con la profesión que elegimos ejercer. Nuestra lucha incluye la movilización contra la explotación, la esclavitud sexual y la trata de personas con fines sexuales, los cuales reconocemos como delitos que se debe perseguir y judicializar pero que son totalmente distintos al trabajo sexual.
En un estudio realizado por la organización Médicos del Mundo en 2018, con el fin de evaluar los efectos negativos de la ley de penalización de clientes, se evidenció la contribución de esta medida al estigma y discriminación contra nosotras, el aumento de casos de violencia contra personas trabajadoras sexuales, la continua precarización de nuestras condiciones laborales, además del aumento de casos de infección por VIH, enfermedades de transmisión sexual e implicaciones negativas en nuestra salud mental y física. Así como el aumento violencia institucional, de acosos policiales, de imposición de multas y de órdenes para dejar el territorio francés. Es importante así mismo, resaltar los asesinatos de nuestras colegas mujeres transgénero Vanesa Campos y Jessyca Sarmiento en 2018 y 2020 respectivamente, y quienes trabajaban en el Bosque de Boloña en Paris y que a causa de la ley de penalización se vieron obligadas a ejercer en lugares alejados, inhóspitos y riesgosos con el fin de conseguir más clientes, quienes estaban obligados a esconderse de las autoridades policiales y lo cual fue aprovechado por criminales que asechan a nuestras colegas para hacerse pasar por clientes y robar y violentar a las personas que trabajan en el Bosque de la capital francesa.
De acuerdo con lo manifestado por la Asociación Sindical OTRAS que defiende los derechos de las personas trabajadoras sexuales en España dicha reforma “pretende aprobarse sin el mínimo debate ni consenso social, mediante el silenciamiento y la infantilización de las personas que más conocen la actividad y las condiciones de su ejercicio, pretendiendo simplificar un fenómeno complejo y de múltiples aristas desde una óptica ideológica profunda y preocupantemente desconectada de la realidad que dice abarcar”. Resulta paradójico que España pretenda aprobar este tipo de leyes que coactan los derechos de las mujeres y criminalizan a las personas que ejercen el trabajo sexual, cuando en otros países de la región como en Bélgica viene de despenalizarse el trabajo sexual y cuando cada vez más colectivos a nivel mundial han movilizado recursos y acciones para demostrar los efectos negativos de este tipo de medidas que lo único que hacen es violentar y coartar el acceso a una justicia social.
Desde el STRASS manifestamos nuestro rechazo total a la posible promulgación de la ley Antitrata y hacemos un llamado a las autoridades españolas para que oigan las voces de nuestras colegas y los diferentes colectivos que defienden nuestros derechos con el fin de que se implementen leyes que protejan a quienes ejercemos esta profesión y se generen las condiciones legales y de política publica adecuadas para que seamos parte de la clase trabajadora en igualdad de derechos y de oportunidades.